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PREPARAN SEMANA DE LA TRANSPARENCIA EN PARAGUAY

“SEMANA DE LA TRANSPARENCIA”

ASUNCIÓN, PARAGUAY

LUNES 5 A MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011

 

Antecedentes

El Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública – GIAI, coalición de organizaciones de la sociedad civil paraguaya que promueven el acceso a la información pública, derecho fundamental y autónomo, viene desde hace años bregando para que el Paraguay cuente con una Ley en la materia.

En 2001, el ex - diputado Rafael Filizzola presentó un proyecto de ley de libre acceso a la información que logró la sanción luego de algunas modificaciones en el senado y se convirtió en la Ley 1728/01. Por las características que tenía la ley de entonces, un proceso judicial para el reclamo de la entrega de información muy complejo  y tenía un sistema de excepeciones vago y abierto. La opinión pública calificó dicha ley como "ley mordaza" y a los pocos meses fue derogada.

En 2005, el GIAI elaboró un anteproyecto de ley de acceso a la información. En 2006 fue presentado y se logró la firma de 16 diputados de todos los partidos políticos. En el debate parlamentario se realizaron algunas modificaciones y se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados. El día que el proyecto iba a ser tratado por la Cámara de Senado, el diario ABC Color publicó una editorial que sostenía que se trataba de una nueva ley mordaza[1]. Ese editorial impactó negativamente sobre muchos senadores y por pocos votos el proyecto no fue sancionado. Luego fue remitido nuevamente a la Cámara de Diputados, de acuerdo con el procedimiento previsto en la Constitución y, por pocos votos, no se logró conseguir la mayoría necesaria para insistir con la aprobación.

Se teme que la regulación del derecho de acceso a la información pueda coartar el ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo. Así, se ha venido sosteniendo que, como una ley de acceso a la información pública contiene excepciones al acceso, es preferible no contar con una ley que le dé la oportunidad al Estado de negarse a entregar la información que obra en su poder, ya que el Estado con seguridad interpretará las excepciones a su antojo, negando la información. Por ello, se ha calificado a la ley de acceso a la información como una “ley mordaza” o “ley de prensa”. Lamentablemente, esa postura pierde de vista que las únicas excepciones admisibles son las previstas en la Convención Americana de Derechos Humanos, ya reguladas adecuadamente en la Ley Modelo de la OEA y que, además, una ley fortalecería los argumentos de los reclamos ciudadanos en demanda de información. Asimismo, pierde de vista que la falta de ley de acceso a la información dificulta seriamente el ejercicio del derecho de acceso por parte del ciudadano común. Prueba de esto es que cuando las instituciones estatales se han negado a entregar información pública y los solicitantes han decidido acudir a la Justicia, han tenido que esperar como mínimo once meses[2], lo cual viola cualquier estándar razonable de vigencia adecuada del derecho. En el otro extremo, en un caso que en este momento se encuentra en la Corte, el solicitante de información hizo su solicitud en el año 2007.

Este caso generó mucho interés en la región y por ello la Alianza Regional estableció una línea de intervención para sensibilizar sobre la falta de acceso a la información pública en Paraguay por medio del litigio estratégico. La Alianza Regional presentó un escrito Amicus Curiae ante la Corte Suprema de Justicia del Paraguay[3] y propició que el Open Society Institute – Justice Initiative[4] hiciera lo propio. Se espera que en los próximos meses el pleno de la CSJ se expida sobre este caso.

Desde 2008, el GIAI promueve nuevamente una ley de acceso a la información, teniendo en cuenta los avances en la región, luego del fallo del caso Claude Reyes vs. Chile (2006). Para ello, el GIAI se ha apoyado en la red internacional de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información para la elaboración de un nuevo proyecto teniendo en cuenta la experiencia internacional. Durante 2009, participaron la organización Pro Acceso de Chile y CAInfo de Uruguay en la asistencia técnica del nuevo anteproyecto.

La oposición de ABC ha dificultado de manera significativa el proceso de presentación del proyecto de Ley “De acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, ya que ha adoptado una postura militante en su contra[5]. Más aún, es probable que la oposición de ese medio se acentúe a medida que el proyecto intente superar las distintas etapas del procedimiento legislativo, una vez que obtenga estado parlamentario, lo cual pone en serio riesgo que el Paraguay pueda contar con una ley de acceso a la información pública que cumpla con todos los estándares internacionales.

Por eso, la Alianza Regional y el GIAI han impulsado la “Semana de la Transparencia” con la finalidad de instalar fuertemente en la agenda la necesidad de una ley de acceso a la información y, al mismo tiempo, establecer canales de diálogo entre todos los actores involucrados.

 

Agenda preliminar

Lunes 5 de septiembre

-          Conferencia “Periodismo y Acceso a la Información Pública – Desafíos del siglo XXI”

Horario: 9,30 AM a 11,30 AM

Lugar: Carmelitas Center

Expositores: Danilo Arbilla, Catalina Botero (a través de video-conferencia desde Washington, DC, USA), Sebastián Reyes, Periodista local – a confirmar - (designado por el SPP y el FOPEP)

Moderación: Benjamín Fernández Bogado

Organizaciones participantes: Grupo Impulsor de Acceso a la Información – GIAI, Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, Oficinas del Banco Mundial - sede Paraguay

Otros participantes: periodistas, académicos, otras organizaciones de la sociedad civil, abogados,

Referencias sobre los expositores:

 

-          Danilo Arbilla: (a confirmar) Periodista y empresario uruguayo. Fue presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Hasta 2009 fue director del Semanario Búsqueda.

 

-          Catalina Botero: Relatora Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ex integrante del Tribunal Constitucional de Colombia.

 

-          Sebastián Rivas Vargas: Periodista de la Revista Qué Pasa (Chile), Semanario sobre actualidad política e internacional, negocios, sociedad, cultura y tiempo libre. Experto en periodismo y acceso a la información pública.

 

 

Otros invitados internacionales: Yanina Budkin, Oficial Senior de Banco Mundial - sede Buenos Aires y Karina Banfi, Secretaria Ejecutiva de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información

Objetivos de la reunión: Tratar el derecho de acceso a la información desde una mirada comparativa sobre las tensiones que se producen en el ejercicio de la libertad de prensa y el uso de herramientas jurídicas que faciliten la búsqueda y la obtención de información. Es posible constatar la existencia de desafíos que afectan de manera transversal tanto a la libertad de expresión como el acceso a la información, lo que pone en evidencia su interrelación e interdependencia, así como la necesidad de generar una mirada conjunta.

 



[2] Caso Picco Portillo vs. Municipalidad de Lambaré. Disponible en http://www.idea.org.py/gfx/espanol/descargas/normativa_ambiental/jurisprudencia/nacional/Caso_Picco_Portillo_acceso_Informacion.pdf . Este caso ha sido citado en el Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2010. Ver Capítulo IV Buenas Prácticas Judiciales en Materia de Acceso a la Información en América, página 313, puntos 34 y 35, disponible en http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/RELATORIA_2010_ESP.pdf

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